INTRODUCCIÓN
En los últimos años, he estado analizando en varios volúmenes los conflictos armados contemporáneos y los intentos de negociación para ponerles fin. Es el resultado de haber ido buscando y acumulando información durante una década sobre numerosos contextos, creando una base de datos que he ido poniendo al día y que también me ha servido para explicar cómo se hacen las paces en el mundo, que es, realmente, a lo que dedico más tiempo. Ello explica también la ausencia de citas externas. Al redactar estos libros, enseguida de mi cuenta de que muchos gobiernos eran responsables directos de matanzas sobre sus propios ciudadanos, despojados de esta categoría al ser tratados como seres prescindibles. En este estudio, por tanto, el sujeto a analizar ya no son los grupos armados clásicos, sino los Estados y sus instituciones para matar, reprimir o exterminar.
A los largo de la historia de la humanidad, una de las paradojas más perturbadoras y moralmente devastadoras que el pensamiento político ha debido enfrentar es la del Estado que se vuelve contra sus propios ciudadanos, ese momento atroz en que la institución concebida para garantizar la seguridad, la vida y la libertad de las personas se transforma en el más eficiente, metódico y despiadado instrumento de su destrucción; una paradoja que no es excepcional ni marginal en el registro histórico, sino que constituye, con escalofriante recurrencia, unas de las constantes más documentadas de la modernidad política, cuyos ejemplos más notorios y mejor registrados se acumulan a lo largo del siglo XX y se prolongan, sin que la comunidad internacional haya encontrado remedios definitivos, hasta el presente más inmediato.
[...] Los casos seleccionados en este periodo —que incluye genocidios, democidios, politicidios, limpiezas étnicas y diversas formas de terrorismo de Estado distribuidos en distintas regiones del mundo— no son los únicos que merecerían análisis, pero si constituyen, en conjunto, un mapa suficientemente ilustrativo y dolorosamente elocuente de la anatomía profunda de lo que aquí denominamos, sin ambages, Estados asesinos, aquellos regímenes que han traicionado de manera radical, deliberada y organizada el único pacto que justifica la existencia misma del poder político, el de proteger a quienes gobierna, y que en su lugar han elegido, con toda la frialdad burocrática y toda brutalidad ideológica de que son capaces los seres humanos cuando el poder absoluto corrompe absolutamente, asesinar a los propios ciudadanos cuya vida y dignidad estaban llamados a preservar.
La represión estatal constituye el concepto más amplio y general de este campo semántico y se refiere al uso sistemático de la fuerza, la vigilancia, la censura, la detención arbitraria, la tortura y la violencia por parte del Estado o sus agentes para silenciar, controlar o eliminar a sectores de la población civil considerados amenazas, opositores o simplemente «indeseables». Dentro de este espectro coercitivo, cuando la violencia escala hasta el exterminio masivo y planificado de grupos humanos, se habla de genocidio, término codificado en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU de 1948, que lo define como los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, aun grupo nacional, étnico, racial o religioso, lo cual implica que el elemento definitorio no es solo la magnitud de las muertes, sino la intencionalidad eliminacionista dirigida hacia una identidad colectiva específica. Más abarcador aún resulta el concepto de democidio, que engloba todo asesinato de personas perpetrado por sus propios gobiernos, independientemente de que exista o no la intención de destruir un grupo identitario, incluyendo ejecuciones masivas, hambrunas artificiales inducidas, trabajos forzados letales y bombardeos deliberados sobre civiles. Se estima que a lo largo del siglo XX los Estados asesinaron a más de 262 millones de personas, cifra que supera con creces las bajas producidas por las guerras entre naciones. El politicidio, por su parte, es un subtipo del democidio que designa específicamente el exterminio de grupos definidos por su identidad o militancia política —partidos, movimientos sociales, guerrillas, sindicatos, intelectuales disidentes—, en contraste con el genocidio, que apunta a grupos étnicos, racionales o religiosos: son paradigmáticos los casos de la dictadura de los Jemeres Rojos en Camboya o los regímenes del Cono Sur latinoamericano de los años setenta.
[...] Todo lo que ha ocurrido y ocurre en estos Estados asesinos se debe también a la cooperación necesaria de las grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos a la cabeza, sin cuyo apoyo directo quizá estos gobiernos no habrían podido subsistir, al menos durante tanto tiempo. Su responsabilidad es enorme y esto nos obliga a pensar en cómo responder ante la miseria de la geopolítica homicida.
En este libro he puesto el foco en 19 casos, analizando lo sucedido a partir de la década de los noventa, aunque hay dos casos, Guatemala e Indonesia, de contextos donde la represión y la muerte de los civiles data de los años sesenta. Ocho países son africanos y seis asiáticos. Todas las tablas son de elaboración propia, por lo que no he puesto la fuente. Las cifras de víctimas mortales civiles difieren según las fuentes, porque cada organización mide cosas distintas, con métodos distintos y bajo condiciones de acceso radicalmente diferentes. Separar las muertes causadas por el Gobierno de las causadas por grupos armados no estatales es posible en mucho casos, pero no en todos debido a la falta de acceso, ausencia de testigos, ataques con perpetradores no identificados y la complejidad del entramado de actores armados. En suma, las diferencias no reflejan contradicciones, sino limites metodológicos y contextuales para documentar un conflicto extremadamente violento y opaco. He procurado poner una cifra intermedia entre las estimaciones analizadas, pero el número, aunque no sea el mayor, no quita el brutal significado de pérdida de vidas a manos de los propios gobiernos.
Debo aclarar desde el inicio que la selección de los países ha sido a partir de las víctimas mortales producidas directamente por la acción expresa del Estado en su actividad represora. Hay países que pueden destacarse por otros indicadores violentos, como la pena de muerte, los desplazamientos masivos o las torturas que no han producido la muerte de sus víctimas, por ejemplo. Aunque a veces las estadísticas sobre estos temas son muy opacas, he tomado la decisión metodológica de considerar de forma preferente las muertes directas producidas por los gobiernos asesinos, sin contar las muertes inducidas, por hambre o enfermedades, por ejemplo.







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