El equilibrio entre deberes y derechos cimienta el pacto social y crea círculos virtuosos entre los dos polos del ciudadano y el Estado. Cuando se afloja este vínculo que ata a los individuos a la colectividad, se afloja también la entrega de los ciudadanos a la res publica. Si se pierde de vista la conciencia de que estamos ligados los unos a los otros por un pacto, desaparece la conciencia del propio papel de ciudadano, con los deberes no tanto sólo legales como también y, sobre todo, morales que esto comporta. Y, si en nombre del interés personal, dejamos de pensarnos como miembros de una comunidad, nos preguntaremos, por ejemplo, para qué pagar impuestos. Así, por un malentendido concepto de «libertad privada», seremos inducidos a ver el Estado no como una organización de los ciudadanos en protección de las libertades de todos, sino como un enemigo. Y esta pérdida de poder del Estado, llevará a una erosión de la idea misma de ciudadanía. Entonces, la colectividad acabará a merced de otros poderes sin escrúpulos y desvinculados de cualquier obligación respecto de ella. La arbitrariedad del más fuerte se hará ley.
Hoy, en la época del poder excesivo de las finanzas globales, la tendencia es suprimir o subordinar la idea de ciudadanía a la de sumisión económica; ya no ciudadanos, sino clientes. Ciertamente, los antiguos romanos eran antes ciudadanos que consumidores. Al proclamarse cives, reivindicaban los derechos que las leyes les conferían, incluida la asistencia pública, que, en efecto, fue creciendo sin parar hasta la decadencia del Imperio. La tentación actual, en tiempos de los aventureros de las finanzas globales —cuya importancia es desproporcionada respecto de la economía real—, es que nos consideramos primero consumidores y luego ciudadanos.
Y ¿cómo actúa esta estrategia de disolución de la res publica? Desautorizando al Estado y a cualquier otra forma de organización social que no tenga el provecho de pocos como fin preminente que justifica cualquier medio. El derecho a la educación, a un nivel de vida digno, a la salud o a un acceso a la cultura, derechos primordiales en toda comunidad de ciudadanos, se convierten en simples ofertas de servicios reservadas a quien se las pueda pagar.
Así, a la larga, como la historia de Roma nos enseña, también las sociedades más fuertes y florecientes son corroídas desde el interior y, una vez vaciadas, se disgregan y se derrumban.
Demos un último ejemplo. Roma, en tiempos del Imperio, tenía once acueductos y una red hídrica en condiciones de abastecer diariamente a su millón y medio de ciudadanos. Ahora, dos mil años después, ¿el agua es aún un derecho? Se diría que no... A fines de los años noventa, la ciudad boliviana de Cochabamba, con 500 000 habitantes, sufría una relación problemática con el servicio de aguas: gestionada por cooperativas, era distribuida a precios populares, pero, por desgracia, la red hídrica era vieja y ruinosa. Puesto que sólo la mitad de la ciudadanía tenía el privilegio de poder acceder a ella durante algunas horas al día, entre los más pobres se había difundido un sistema de aprovisionamiento muy sencillo y artesanal: se cavaban pozos o se ponían cisternas sobre los tejados para recoger el agua pluvial.
En un momento dado, el gobierno boliviano decidió reestructurar el sistema hídrico de la ciudad. Pero, para hacerlo, se vio obligado a pedir un préstamo bancario de 25 millones de dólares al Banco Mundial, quien, a su vez, respondió vinculando la entrega del dinero a una condición: que la gestión de los servicios hídricos de Cochabamba fuera privatizada. Y así se hizo. El agua de Cochabamba se convirtió en una mercancía comprable, propiedad de un consorcio detrás del cual se escondía la misteriosa International Water Limited: una empresa con sede en Londres, pero que en realidad era una joint venture entre la italiana Edison y la multinacional estadounidense Bechtel Enterprise Holding.
En esa época, en el sitio de la International Water, se podía leer una entusiasta declaración de intenciones: «Durante muchos años, los gobiernos han creído que la reserva de agua potable y la canalización segura de las aguas residuales era una materia demasiado importante para que fuera el mercado quien se ocupara de ello. Ahora sabemos más. International Water ya ha demostrado que unos recursos potentes, hábilmente aplicados por empresas privadas, podrían quitar un gran peso de los hombros de los gobiernos y, por tanto, transformar la vida de los ciudadanos».
En efecto, con la llegada de la International Water, la vida de los ciudadanos de Cochabamba se transformó. En pocos meses, el precio del agua potable sufrió aumentos de hasta el 300%. Muchas familias se encontraron con facturas mensuales que sumaban la cuarta parte de su renta mensual. Quedaban los pozos y las cisternas..., pero el consorcio vetó de inmediato la recogida de aguas pluviales.
En febrero de 2000, en Cochabamba estalló la revuelta. Los sindicatos obreros y las organizaciones campesinas locales formaron una «Coordinadora de defensa del Agua y de la Vida» e implicaron en las movilizaciones a la opinión pública boliviana. Una oleada de huelgas arrolló el país, y miles de personas en marcha hacia Cochabamba para unirse a las protestas. El gobierno reaccionó declarando el estado de sitio en todo el territorio nacional. En Cochabamba, algunos de los promotores de la coordinadora fueron arrestados, y otros se vieron obligados a echarse al monte.
En abril, la situación se precipitó. La policía y el ejército convergieron sobre la ciudad rebelde, que el día 8 se transformó en un campo de batalla: los militares dispararon sobre la multitud. Ante las cámaras, se vio a un oficial apuntar y golpear en la cabeza a un muchacho de diecisiete años. En el segundo día de enfrentamientos, con seis muertos y centenares de heridos, Cochabamba parecía ya a punto de hundirse en el abismo de una guerra civil. Inesperadamente, el 10 de abril llegó un anuncio: el gobierno había anulado unilateralmente el contrato con el consorcio. La gestión de la red hídrica ciudadana pasaba a manos de la Coordinadora.
¿En base a qué asidero legal el gobierno boliviano había podido rescindir el acuerdo? Sencillo: el contrato de cesión presentaba una «pequeña» irregularidad: el valor de la red hídrica de la ciudad había sido estimado en millones de dólares, pero luego, inexplicablemente, fue vendido al consorcio (es decir, a la International Water) por la mísera cifra de 25 000 dólares.
La fuerza había puesto al descubierto el abuso. El derecho lo había remediado. La ciudadanía había vencido.
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