La persistencia de una <<red de protección>> en las sociedades europeas retrasó de este lado del Atlántico, salvo en Gran Bretaña, una evolución que en los Estados Unidos había tomado fuerza desde los años setenta; pero los efectos de la crisis de 2008 facilitaron que el proceso se acelerase en Europa, donde, como en el caso de España, las hipotecas habían sido concedidas en principio a personas que eran solventes en condiciones normales, pero que dejaron de serlo cuando el impacto de la crisis llegó a provocar un paro del 25 por ciento. En el caso europeo, además, las consecuencias fueron incluso más allá que en los Estados Unidos, tanto en lo que se refiere al control de la política económica por la banca como en lo corresponde a los daños infligidos a la ciudadanía.
La secuencia empezó de manera parecida: especulaciones, crisis, rescate de la banca, empobrecimiento de los trabajadores y de las capas medias, y con la misma fábula destinada a convencer al público de que la culpa era de lo que se había <<malgastado>> en escuelas y hospitales, de manera que correspondía ahora pagar por esos excesos del pasado.
Solo que no era verdad. Era cierto que había habido un mal uso del gasto público, que resultó escasamente productivo; pero no que la deuda pública hubiese sido, como todavía se nos quiere hacer creer, la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los déficits y las deudas de los gobiernos estaban en 2008, al comienzo de la crisis, en un mínimo histórico. El problema lo causó el aumento incontrolado de la deuda privada, como habían hecho los Estados Unidos en 2008, pero de manera todavía más amplia e incontrolada. Krugman muestra que la relación entre el endeudamiento público y el PIB de estos países estuvo mejorando hasta 2007: <<Lo que tenemos en este momento -concluye- es el resultado de la crisis, no de un exceso de gasto público anterior a esta>>. En el mismo sentido se expresa Steve Keen, el economista australiano que fue uno de los pocos que previeron y anunciaron la crisis de 2008, quien ha calificado como <<una insensata fantasía>> que se pretenda culpar de la crisis a la deuda pública, cuando se debe ante todo a una burbuja de deuda privada que acabó estallando.
La deuda pública española, por ejemplo, era baja; pero la privada era, en proporción al tamaño de su economía, una de las mayores del mundo. Una deuda que empezó a partir del dinero que los Landesbanken alemanes prestaron a bancos y cajas de ahorro españoles, que a su vez lo emplearon en conceder créditos para las especulaciones insensatas de los constructores y para las demandas de particulares sin recursos, a los que las propias entidades financieras les estimulaban a endeudarse irresponsablemente.
[...] Lo que los ciudadanos españoles pagan hoy con recortes, paro y sacrificios, son las deudas gigantescas de unas entidades financieras que comprometieron sus recursos en inversiones de riesgo para poder repartir beneficios y comisiones a sus dirigentes y a unos cómplices políticos que primero les dejaron hacer y después aceptaron que fuese el estado quien asumiese el problema de bancos y cajas, pero no el de millares de familias que ha sido desahuciadas en cuanto la crisis engendraras por los especuladores les han dejado sin recursos para pagar las hipotecas.
El paso siguiente en la profundización de la crisis se debió a los propios gobiernos europeos que, cediendo a las presiones de las instituciones que asumían la dirección de la economía (la llamada <<troika>>, integrada por el Banco Central Europeo, el gobierno de la Unión en Bruselas y el Fondo Monetario Internacional) aceptaron las imposiciones de la canciller alemana Angela Markel, que exigía <<poner las economías del continente en la camisa de fuerza de una continuada austeridad fiscal>>, olvidando que la prosperidad de Alemania nacía de haber endeudado al resto del continente, cuando sus bancos fueron a buscar beneficios rápidos en los países del sur, elevaron los precios de sus activos con sus inversiones, y abandonaron después el terreno en busca de nuevos horizontes de negocio.
[[...] Uno de los objetivos más importantes de este asalto a los derechos sociales es el que se refiere al sistema de pensiones. No solo por razones presupuestarias, sino, como dice Gerard Epstein, profesor de la Universidad de Massachusetts en Amherts, para minar el poder de los sindicatos y echar a los trabajadores en manos de los bancos y de los sistemas privados de pensiones. El objetivo general de todas estas medidas, concluye, es destruir el estado del bienestar y convertir sus sistemas de protección en oportunidades de negocio para los bancos.
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